Ha sido una constante desde el comienzo de las actividades de la Asociación Pro Derechos Humanos, el seguimiento de la situación penitenciaria en España.(?) Desde siempre, nuestra Organización ha efectuado una apuesta seria por la promulgación de una legislación penitenciaria acorde con la orientación constitucional, de búsqueda respecto a la población reclusa, de una obligada reinserción social.(?) Es bien sabido que la Institución Penitenciaria cuenta con medios de fiscalización y control de funcionamiento de sus centros penitenciarios, pero también lo es que en esa inspección y fiscalización difícilmente aparecerá la voz de la población reclusa, expuesta de manera libre y anónima, que puede servir como dato relevante para pulsar, incluso, la existencia de condiciones de tensión que desfavorecen, per se, la obtención del fin primordial al que se orienta la privación de libertad.
Con este criterio de partida, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aceptó la intervención de la APDH, suscribiendo a tal efecto un Convenio de Colaboración, en el que se otorgaba a nuestra Asociación las facultades de recorrido y ejercicio de nuestra actividad, entendiendo nuestra labor como una auditoría interna, cuyas conclusiones finales servirían, en todo caso, para conocer la posición del interno respecto a la Institución sin ser expuesto ante ella y por tanto, con mayor libertad, y también para constatar cómo se perciben las condiciones tanto materiales como de régimen penitenciario desde fuera de la Institución y sin la mediatización de su pertenencia a ésta.
En la realización de nuestro trabajo se ha contado con la colaboración de la Dirección General, y específicamente con la Subdirección General de Gestión Penitenciaria.
