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A primera vista, el aumento del uso de armas no letales por parte de la policía garantizaría menos muertos y heridos graves en las protestas civiles. El tono eufemístico del concepto apunta en esa dirección. Sin embargo, ocurre justo al contrario. ¿Por qué?
La utilización de balas de goma, gases lacrimógenos, granadas aturdidoras o pistolas eléctricas se ha multiplicado desde que empezaron a implantarse hace ya cuatro décadas. A medida que la democracia liberal pierde capacidad de regular las relaciones sociales, las garantías del Estado de derecho se entremezclan con lo que ha venido en llamarse Estado de excepción permanente. Ello implica que se crean nuevas infracciones, se amplía la definición de las ya existentes, se añaden circunstancias agravantes que agravan la calificación penal y aumentan las penas, aumentan los poderes policiales, y se reducen las libertades. Cadena perpetua en los tribunales, años de aislamiento en las cárceles, y mano dura en las calles.
Hasta hace no tanto, la utilización de este tipo de armamento estaba acotada a contextos concretos. Ahora se emplea preventivamente contra un gran abanico de movilizaciones. Las mutilaciones, secuelas permanentes o perdida de vidas humanas quedan generalmente impunes.
