¿Existe un capitalismo al que pudiésemos atribuirle el apellido de “español”? Según Pedro Ramiro y Erika González, investigadores del Observatorio de Multinacionales de Latinoamérica (OMAL), el sistema económico desarrollado en España tiene unas características concretas que le otorgan unas diferencias respecto al de otros países del entorno. Sin embargo, el auge de este capitalismo propio parece estar llegando a su fin y su declive se plantea más cerca que nunca. Esta es la tesis con la que trabajan en A dónde va el capitalismo español (Traficantes de Sueños, 2019), un libro que analiza el papel de las grandes empresas transnacionales del país y los impactos de sus actividades económicas: la destrucción del tejido productivo local, los delitos económicos, la evasión fiscal, la pérdida de soberanía democrática, la represión de activistas, la privatización de servicios públicos… Esos son algunos de los problemas que “nuestras empresas” –término que se ha repetido en las continuas campañas de comunicación– han provocado dentro y fuera de nuestras fronteras. Es parte de la Marca España, argumentan.
¿Cuáles son las principales características del capitalismo español? ¿Cuáles son las diferencias con el capitalismo desarrollado en el resto de Europa?
Erika González: El capitalismo español se caracteriza por estar dominado por una treintena de empresas transnacionales que tienen una posición dominante dentro del mercado global en sectores asociados a los servicios. Hablamos de energía, de telecomunicaciones, de agua, de finanzas y de seguros. Si queremos poner nombres propios nos referimos a bancos como el BBVA y Santander; energéticas como Naturgy, Iberdrola o Endesa; y en las telecomunicaciones destaca Telefónica. El negocio de estas grandes compañías se ha dirigido a los servicios en los mercados internos en los países donde han conseguido proyectos. Hay excepciones a esta regla y una de ellas es Inditex, que obtiene los beneficios de una cadena de valor como es la ropa, o una extractiva como Repsol.
En el caso de las diferencias con otros capitalismos debemos hablar de que España ocupa una posición periférica dentro de las relaciones económicas y de poder. En ese marco, la especialización económica la ha centrado en el turismo y en un sector inmobiliario-constructor y financiero. En ese contexto es donde han crecido y se han fortalecido grandes empresas como ACS, Sacyr, FCC, Ferrovial u OHL, o cadenas turísticas como el Grupo Barceló.
¿Cuál es el papel de la dictadura de Franco en la conformación de este capitalismo español?
Pedro Ramiro: Muchas de las que hoy son grandes empresas españolas tienen sus orígenes hace un siglo. A mediados del siglo XIX se crearon el Banco de Santander y el Banco de Bilbao y, a principios del XX, se crearon lo que fueron las compañías públicas de telecomunicaciones o de hidrocarburos que han dado lugar a Telefónica y Repsol. Pero estas compañías no adquirirían una posición de dominio en el mercado español y de control oligopólico de sus sectores hasta el desarrollismo franquista.
Con la victoria del bando nacional en la guerra civil española se logró aplastar al movimiento obrero y a las luchas populares que se habían producido hasta la guerra, y se reforzó el poder de la oligarquía y de la aristocracia. En el franquismo se distinguen dos fases; primero, el periodo de autarquía entre el 39 y el 59, donde el régimen franquista reforzó el poder de un determinado número de compañías que operaban en sectores básicos de la economía; la segunda fase empieza en el año 59, con el Plan de Estabilización, cuando se impulsó a estas empresas con el apoyo estatal, permitiendo la entrada de inversiones extranjeras. Se fomentó así un poder económico basado en la industria, que estaba en manos del Estado a través del Instituto Nacional de Industria (INI), y también mediante la especialización clásica en el turismo y en la construcción.
“Todo indica que estamos ante el declive de la belle époque del capitalismo español”, escriben en el libro. ¿Por qué?
P.R.: Estamos ante un declive básicamente por el contexto global pero también por el contexto a nivel estatal. Por un lado, el contexto global a nivel económico, a nivel político y a nivel ecológico hace prever unas perspectivas complicadas para la expansión del capital transnacional. A nivel económico, por la tríada estancamiento, deuda y desigualdad. Hay pocas perspectivas de crecimiento económico, hay una ampliación de las desigualdades sociales y un crecimiento de un volumen de deuda a nivel mundial que supera los porcentajes de 2008.
A nivel político y jurídico se está produciendo un cierre autoritario por parte de los Estados, redoblando los mecanismos de represión y control social, además de aumentar el blindaje de los negocios de las compañías transnacionales a través de la arquitectura jurídica de la impunidad. A esto lo hemos llamado lex mercatoria, es decir, un conjunto de leyes a nivel internacional que protegen los derechos de las grandes empresas mientras dejan sus obligaciones –como los derechos humanos– en manos de acuerdos que se quedan en el terreno de lo declarativo, de la responsabilidad social corporativa.
Al mismo tiempo, junto al contexto económico y político, está el contexto ecológico. Sufrimos una crisis ecológica en la que el agravamiento del cambio climático es su máximo exponente, pero que también va acompañada de la aceleración en la pérdida de biodiversidad, de la crisis energética que sostiene la reproducción del capital. En estas condiciones, superamos los límites biofísicos del planeta, lo que provoca que la lógica de reproducción del capital se complique cada vez más. No será posible luchar contra los impactos del modelo socioeconómico sobre los ecosistemas y la biodiversidad sin atacar la idea de que el progreso de las sociedades va de la mano del crecimiento económico. Porque la lógica del crecimiento, por mucho que se le añadan los adjetivos de «sostenible», «inclusivo» o «verde», no es compatible con la biosfera.
En ese contexto global se enmarca el capitalismo español con sus propias especificidades que consisten en que, para salir de la crisis, lo que han hecho ha sido aplicar ración doble de las mismas políticas que nos llevaron a la crisis de 2008. En el caso español se concretan en redoblar la apuesta por la burbuja inmobiliaria-financiera, a través de la modificación de las leyes del alquiler, de la aparición de las Socimis [Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario]… Y por otro lado, un crecimiento de la apuesta por el mercado turístico que tiene unos altos niveles de precariedad laboral y de impacto socioecológico por todo el territorio.
Esto, acompañado de inyecciones de dinero público a través de rescates o de creación del banco malo, nos hacen ver que las perspectivas de recuperación económica se sostienen sobre bases muy débiles. En cuanto no puedas seguir inyectando dinero público a las grandes compañías, en cuanto estas no tengan más activos que vender, en cuanto no puedan seguir devaluando más y más los salarios sin que aumente la conflictividad social, va a ser imposible que sigan creciendo sus beneficios como en la última década. Por eso decimos que lo que ha sido la época dorada del capitalismo español está llegando a su fin.
¿Cómo se han ‘reinventado’ las grandes compañías españolas, es decir, qué han hecho para poder sostener sus beneficios?
E.G.: Más que reinventarse, lo que han hecho ha sido intensificar las vías que les han aportado grandes beneficios en las dos últimas décadas. Después de la crisis, precisamente la configuración de una clase político-empresarial lo que ha hecho ha sido engrasar un aporte de dinero público en forma de rescates y de inyección de liquidez. Los beneficios también se han sostenido hasta ahora por una mayor devaluación salarial y precarización social. Un dato que exponemos es que entre 2007 y 2013, los sueldos de las compañías del IBEX 35 han disminuido un 11%.
También lo han hecho mediante la reorganización de sus negocios internacionales. Es verdad que al ser empresas del mercado interno de servicios públicos no han dependido de los vaivenes de los mercados internacionales, pero sí han continuado con una dinámica de fusiones, adquisiciones y desinversiones: han vendido filiales menos rentables y comprado otras de mayor rentabilidad a corto plazo. Por eso buscan mercados que les aseguren ganancias. Un ejemplo claro es Repsol, que para ganar rentabilidad está disminuyendo su peso en el negocio petrolero y ha entrado en el eléctrico. O cómo Telefónica está apostando por negocios audiovisuales y contenidos digitales en lugar de centrarse en las telecomunicaciones.
¿Podemos seguir hablando de un “capitalismo español” cuando la empresas están cada vez más controladas por fondos extranjeros?
P.R.: Podemos hacerlo en tanto que nos referimos a un modelo económico que tiene sus principales beneficiarios en el Estado español y que ha sido apoyado por todos los gobiernos en las últimas décadas, además de que los grandes medios de comunicación lo identifican con los intereses de la mayoría de la población. En ese sentido podemos hablar de modelo económico español, con sus rasgos que comentábamos antes.
Bien es verdad que si nos fijamos en la propiedad accionarial de estas compañías, cada vez más están siendo controladas por fondos de inversión transnacionales o fondos soberanos de otros países. Es una tendencia mundial. De las empresas que integraban el IBEX en el año 92, dos tercios han desaparecido y ahora vemos cómo Carlos Slim o Bill Gates están presentes en buena parte de ellas, igual que Blackrock, el mayor fondo de inversión del mundo. Esta tendencia posiblemente se acelerará y lo más probable es que en los próximos años asistamos o bien a procesos de quiebra de grandes empresas españolas como ha pasado con Banco Popular o Nueva Pescanova, o bien veamos procesos de fusión o absorción.
Ya hay autores como ustedes que, en lugar de puertas giratorias, hablan de una especie de pasillo que conecta el sector privado y el público, y en el que los altos cargos de un lado y de otro se pasean con impunidad de un lado a otro. Si ya era difícil poner coto a las puertas giratorias, ¿cómo se puede regular esta situación?
E.G.: Existen algunos mecanismos muy débiles cuya intención es controlar la confusión de intereses entre lo privado y lo público. Existe el registro de transparencia de la Unión Europea y en el Estado español se ha debatido varias veces la posibilidad y la necesidad de incluir un registro similar que ahora no existe. También hay una regulación sobre incompatibilidades pero es manifiestamente débil. Y todo ello es absolutamente insuficiente para limitar las puertas giratorias y, sobre todo, para limitar el enorme poder que tienen las grandes empresas.
En ese sentido, algunas medidas que proponemos es directamente la prohibición del paso de los altos cargos públicos a altos cargos privados, y viceversa. Otro opción sería limitar la interlocución que tienen los gobiernos con el ámbito de los lobbys y hacer consultas públicas en igualdad de condiciones con todos los autores, evitando que la clase empresarial tenga mayores privilegios.
En la actualidad hay varias empresas del IBEX 35 que se encuentran imputadas, entre ellas BBVA o Indra, u OHL y FCC, que no pertenecen al índice, además de otras como Iberdrola o Repsol que se encuentran en el punto de mira por el caso Villarejo. Sin embargo, la opinión pública no parece preocupada por eso y la imagen de la clase empresarial sigue siendo ejemplar mientras que la clase política es una de las grandes preocupaciones de los españoles. ¿Por qué se produce esto?
E.G.: Esto se debe a la construcción que han realizado estas compañías de una fuerte hegemonía cultural. Controlan el relato dominante que influye en los imaginarios colectivos y buscan legitimar la necesidad de que las empresas transnacionales sigan ocupando un papel central en nuestro modelo socioeconómico, es decir, la necesidad de que sigan manteniendo su poder como agentes imprescindibles a la hora de crear riqueza y bienestar. La construcción de ese relato se hace cuidando la imagen corporativa a través de una publicidad presente en todos los ámbitos, incluida la educación formal.
Los grandes medios no solo diseñan su línea editorial de cara a poder dar esta imagen de las compañías porque dependan de ellas por la publicidad, sino que también porque estas grandes empresas son las propietarias de estos medios de comunicación. De esta forma dirigen y diseñan sus líneas editoriales. Un ejemplo es el grupo PRISA, ya que dentro de su accionariado se encuentran los bancos Santander y CaixaBank, que en ningún momento van a permitir que se genere información que cuestione o denuncie a sus propietarios. Más allá, lo que se hace es presentar sus posiciones y su relato.
Pero no solo los medios de comunicación, sino que estas grandes empresas tienen lobbys y think tanks que diseñan informes con apariencia técnica y objetiva aunque lo que trasladan es información con claros intereses económicos revestida de neutralidad académica.
¿Para qué ha servido realmente la Marca España?
P.R.: El apoyo a las políticas de internacionalización empresarial ha sido una constante en los sucesivos gobiernos españoles, ya fueran del PSOE o del PP. La internacionalización ha sido concebido con una política de Estado. La Marca España fue simplemente la denominación que se le dio a ese apoyo gubernamental por todo el mundo, sobre todo en la época de los gobiernos del PP de Rajoy, que es cuando adquiere este nombre. Incluso se crea un Alto Comisionado para la Marca España que fue Carlos Espinosa de los Monteros, que era al mismo tiempo consejero de Acciona e Inditex. Esto se hace en un momento en el que la economía española estaba al borde de la quiebra con la caída de la prima de riesgo, con unas dificultades de las grandes empresas para obtener beneficios. Eso es básicamente la Marca España, que ahora ha cambiado su nombre a España Global, con un menor barniz económico, más orientado a mejorar la imagen de España a nivel internacional tras verse empeorada tras acontecimientos como el Procés.
Hablan en el libro del “segundo desembarco” en América Latina, en este caso por parte de las grandes empresas españolas. ¿Quedan todavía territorios por explotar en el mundo?
E.G.: Lo que dicen numerosos especialistas en ecología es que estamos en un mundo lleno, donde la base material del capitalismo está en decadencia. La necesidad incesante de explotar nuevos ecosistemas nos ha llevado a una profunda crisis ecológica que se manifiesta en pérdida de biodiversidad, en el agotamiento de recursos materiales y energéticos, en una creciente producción de residuos y cada vez más conflictos socioambientales por la pugna entre las comunidades locales que quieren defender sus territorios y las compañías que buscan controlarlos para acceder a esos recursos naturales.
Por supuesto, van a seguir intentando hacerse con cada vez más territorios, cada vez más recursos… en definitiva, más esferas de las vidas de las personas para obtener ganancias. Pero esto está muy limitado. De forma que en esta búsqueda se plantean nuevos escenarios como es la cuarta revolución industrial, con estrategias de robotización y digitalización, que según las teorías empresariales deben dar una vuelta al consumo para ser más eficientes. Pero la realidad es que no están consiguiendo la rentabilidad que esperaban. Y, en paralelo, intentan obtener beneficios de la propia crisis ecológica, lo que se llama capitalismo del desastre.
¿Cuáles han sido los principales impactos de las compañías transnacionales españolas en nuestro país y en otros países?
E.G.: Los impactos han sido generalmente socioambientales. Diferentes organizaciones hemos estudiado y documentado estos impactos, estas violaciones de derechos humanos que han acompañado la expansión de las grandes empresas, y los hemos dividido en cinco planos. Un primer plano económico, que se puede ejemplificar en el fraude, en la evasión fiscal y en la destrucción de economías locales por la llegada de empresas extractivas –como Repsol– o la creación de una gran infraestructura hidroeléctrica, donde empresas como Naturgy o Endesa han tenido problemas.
Otro plano es el político, que incluye un déficit democrático creado por las puertas giratorias y el lobby, y por las políticas de criminalización y represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos y del territorio.
El tercer plano es el social, donde se produce constantemente la violación de los derechos laborales y sindicales precisamente para reducir los costes salariales. También aquí se profundiza en las desigualdades de género y se aprovecha el patriarcado, y se mercantilizan servicios básicos como la electricidad o el agua.
El cuarto plano es ambiental, donde determinadas empresas han contaminando el territorio o han destruido ecosistemas muy valiosos para poder llevar a cabo sus grandes proyectos.
Por último, en el plano cultural, esta destrucción del territorio ha provocado el desplazamiento de la población y la violación de sus derechos. En general, la clave de estos impactos no es que sean consecuencias de malas prácticas concretas, sino que están en la raíz de los beneficios empresariales y por eso son estructurales y se reproducen a nivel global de manera sistemática.
¿Qué esperan del nuevo Gobierno? ¿Creen que se puede producir algún cambio real?
La formación del nuevo Gobierno ha generado una sensación de alivio momentáneo entre la izquierda social y política y los movimientos y luchas sociales. Más allá de las discusiones de la democracia representativa, el Gobierno afronta unas perspectivas económicas, políticas y ecológicas muy complicadas a corto y medio plazo. Las perspectivas de recuperación económica y de salida de la crisis se sostienen sobre unas bases muy débiles. Hay claras perspectivas de estancamiento, aumento de deuda y desigualdad, lo que pondrá sobre la mesa un posible aumento de la conflictividad social cuando haya que impulsar recortes impuestos por Bruselas, disminuyendo así el gasto en determinadas partidas sociales.
En todo caso, en ese marco, lo que cabría esperar del Gobierno es una apuesta por la regulación de diferentes aspectos económicos que tienen mucho que ver con la vida de la mayoría de la población: alquileres, vivienda social, poder de las grandes compañías, aumento de la fiscalidad a las grandes fortunas, eliminación del fraude fiscal y la elusión… Esas y otras muchas medidas podrían imponerse para regular al poder corporativo y, como mínimo, poner los derechos de las grandes empresas al mismo nivel que el de las personas y el medio ambiente.
Pero sobre todo, lo que cabría esperar es una apuesta por construir otros modelos de economía que no pasen por el incremento constante del crecimiento económico y el beneficio empresarial. Para ello habría que apostar por economías sociales, solidarias y transformadoras que redistribuyan la riqueza y que no tengan impactos negativos sobre personas, pueblo y planetas. Pero mucho nos tememos que en el marco de la UE y de sus políticas de austeridad, la camisa de fuerza que va a tener este Gobierno, y que es la misma que han tenido los últimos gobiernos, difícilmente va a permitir atacar a los actores centrales como las grandes corporaciones transnacionales.
Desde la perspectiva de los movimientos que denunciamos el poder corporativo y luchamos contra sus efectos, solo desde la confrontación y de medidas a nivel social que confronten con ese modelo y rompan con él, será posible acabar con los graves efectos de un modelo que está acabando con el planeta
