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Crimidesa era una empresa que explotaba una mina de sulfatos en esa localidad, una de las principales empresas del sector a nivel mundial que controlaba más de la mitad de la producción nacional de sulfato sódico en España, clave para la fabricación de detergentes y vidrio. Obtenía importantes beneficios con una plantilla de poco más de un centenar de trabajadores. Cuando en 1980 se rompe por parte de la empresa el acuerdo verbal que existía con el comité para el convenio colectivo, se genera el conflicto. La plantilla en asamblea decide ir a la huelga en el mes de abril de ese año y la empresa se niega a negociar mientras los trabajadores mantuvieran la movilización.
El conflicto se enconó por la intransigencia de la patronal, que con la excusa de asegurar el mantenimiento de las instalaciones, pretendía obtener de uno a dos tercios de la producción habitual. Las negociaciones por parte de la empresa las dirigía un consulting de la CEOE y el abogado que asesoraba a la empresa en aquel momento era Pedro Arriola, el que después sería asesor de José María Aznar y el Partido Popular.
