¿Por qué se vulnera todos los días el derecho a la vivienda en nuestras ciudades? ¿Qué sucede en Madrid? ¿Ha traído algo de cambio la “política del cambio”?
Como sigan subiendo así los alquileres, no sé dónde voy a vivir en un par de meses; tengo miedo a la llamada de mi casero”. “—Pues a mí se me va casi todo en pagar el alquiler. Llego por los pelos a fin de mes”. “—Parece que vuelve la burbuja”
¿Quién no ha escuchado últimamente en el metro o el en tren una conversación así? La vivienda lleva meses en el centro de las conversaciones más cotidianas. Pero lo cierto es que nunca se ha ido, siempre ha estado ahí. Y es que España arrastra un problema en materia habitacional que podríamos calificar de estructural. Y ello por varios motivos. Algunos quizá parezcan demasiado obvios, pero son consecuencia de otros más complejos y problemáticos —con hondas raíces históricas y económicas en el modelo productivo del país—.
Los primeros, que pertenecen al ámbito de las cosas del comer, se explican por sí mismos: cuando se dificulta el acceso a la vivienda o se genera inseguridad en la tenencia —es decir, se somete a las personas al vaivén frenético de la especulación—, lo que se pone en cuestión son los relatos vitales de quienes habitan una casa. Sus proyectos se ven amenazados y la posibilidad de seguir sosteniendo (o alcanzar) su autonomía se quiebra. Cuando llega la subida del alquiler comienzan los ajustes, las privaciones y aprieta la precariedad. Si este aumento se torna insoportable, termina sucediendo algo que no debería suceder jamás: un desahucio o una expulsión silenciosa. Esos desahucios invisibles de quienes ya no pueden pagar la renta. Como en un siniestro goteo, los más pobres van abandonando el vecindario, cada vez más inhóspito y sombrío. Huelga decir que cuando se pierde el hogar, y no hay alternativas a mano o una red que sirva de apoyo, las familias entran dentro de un ciclo de exclusión del que resulta muy difícil salir.
Y es que la vivienda, ese espacio íntimo y seguro en el que hacemos nuestro día a día, un refugio lleno de todas nuestras vivencias, recuerdos y enseres, no debería ser una mercancía más. La Constitución —que acaba de cumplir 40 años— dice solemne que la vivienda es un derecho, pero el modelo financiero inmobiliario sobre el que se sustenta la economía española parece contradecir punto por punto el articulado de la Carta Magna.
Todo ello se refleja en una instantánea fotográfica de los barrios madrileños: la ciudad padece una descomunal escalada de precios de alquiler, azuzada además por el torbellino de la turistificación que azota sus distritos más emblemáticos. La alquimia perversa del Airbnb, la Ley de Arrendamientos Urbanos y algunas operaciones estratégicas han convertido Madrid en un plato suculento para los fondos buitre. Un lugar asfixiante para la mayoría, pero muy rentable para unos pocos.
Lo cierto es que en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades llueve sobre mojado. Este ciclo inmobiliario cabalga sobre las cenizas del urbanismo salvaje que caracterizó la burbuja inmobiliaria de 1997-2008, cuyos efectos siguen siendo escalofriantes, una verdadera crisis habitacional: entre 2007 y 2013 tuvieron lugar unas 523.607 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado según el Consejo General del Poder Judicial.
En 2017 se desahució a razón de 100 personas al día (4 a la hora). Pero hoy día son los desahucios por alquiler los que baten récords: en diciembre del año pasado aumentaron un 7'9%, representando el 65% del total (7. 518) frente a los hipotecarios, un 29'5% (3.404). Suma y sigue ¿Cómo es posible que después de años de tormenta inmobiliaria no se hayan replanteado las políticas habitacionales? ¿Por qué se vulnera todos los días el derecho a la vivienda en nuestras ciudades? ¿Qué sucede en ¿Por qué se vulnera todos los días el derecho a la vivienda en nuestras ciudades? ¿Qué sucede en Madrid? ¿Ha traído algo de cambio la “política del cambio”? Demos un pequeño rodeo.
Entre falangistas de orden y neoliberales codiciosos
Antes de nada, una contradicción. Y de las gordas. España tiene un parque de vivienda sobredimensionado e infrautilizado: actualmente habría alrededor de 3,4 millones de viviendas sin uso, un 28% del parque total de viviendas. Mientras tanto ciudades y pueblos se encuentran repletos de casas sin gente y gente sin casas. Lo cierto es que todo ese ingente parque sin uso sigue ahí, como el elefante en el salón. Y ello nos lleva a hablar de los problemas estructurales —y no tan obvios— del modelo productivo que lleva gobernando los destinos de España desde, al menos, finales de la década de 1950 —franquismo mediante—. Porque en aquella época, sorpréndanse, un 50% de los españoles vivía como inquilino (cifra que llegaba al 90% en Madrid o Barcelona). Pero las cosas cambiaron. Y mucho.
José Luis Arrese, Ministro de Vivienda franquista entre 1956 y 1960, afirmó con ánimo decidido aquello de “No queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios”, y puso los cimientos de un modelo financiero inmobiliario que hoy sigue lastrando nuestros derechos habitacionales. Arrese abrió los cauces para que la iniciativa privada entrase hasta la cocina del urbanismo y fue el muñidor de la “cultura de la propiedad”, que tantos millones dio a promotores y constructores en los burbujeantes años del desarrollismo hispano. Más allá del capitalismo industrial, en los 60 se probó lo que sería la especialización económica central de las siguientes décadas: una mezcla de turismo, desarrollo financiero y explotación del sector inmobiliario. Todo ello atraía divisas, calentaba los mercados de suelo, generaba financiación e impulsaba proyectos inmobiliarios y viviendas a espuertas.
Como seguramente sepan, tras el desarrollismo llegó la burbuja de 1970-73. Y con ella la crisis. Y así otras dos burbujas más, ya dentro de la “era democrática”: la que terminó entre la Expo y los Juegos Olímpicos del 92 (1985-92) y la que tuvo la Gran Recesión como fin de fiesta (1997-2008). Cada una de ellas profundizó más la especialización inmobiliaria de España, y penetró profundamente las economías de los hogares, que durante el último ciclo se vieron implicadas en todo el meollo especulativo de manera central. Pues bien, el legado de esta forma de crecimiento, que subordina el valor de uso de la vivienda a su valor como bien de inversión, son esas 3,4 millones de casas sin uso de las que hablábamos antes —por no hablar del impacto ambiental y las ruinas que dejó el tsunami—. Mientras tanto los desahucios se suceden y se vuelve hablar de una “nueva burbuja” que impide que la gente pueda acceder a un hogar.
Hacer de la propiedad una bandera y del cemento la economía nacional, ha convertido España en un país que lo apuesta todo al ladrillo, estando totalmente expuesto a sus oscilaciones. Lo que tenemos hoy, más que una burbuja como la anterior, es una revitalización limitada del modelo inmobiliario gracias al “dopaje” del Banco Central Europeo con sus medidas de compra de activos (Quantitative Easing o Flexibilización Cuantitativa). ¿Qué ha sucedido? Que el dinero que fluye por las compras del BCE engrasa los viejos circuitos inmobiliarios, pero los agentes privados —incapaces de levantar un ciclo de miles de grúas— han reconvertido el negocio por otras vías: pisos turísticos manejados por grandes tenedores, explotación intensiva de enclaves urbanos privilegiados, alquileres —gracias a la reforma de la LAU de 2013— y operaciones estratégicas con altas expectativas financieras.
En fin, para el común de los mortales el resultado es el mismo: se induce una burbuja artificial del alquiler y se dificulta el acceso a la vivienda. De nuevo se pone por delante el beneficio de unos pocos inversores —los buitres Blackstone, Lazora, Vivenio y cía, por ejemplo— frente a los derechos de los muchos. Y así nos va.
De aquellos polvos estos ¿rascacielos?
La querencia por la propiedad y el uso de las políticas de vivienda para alimentar ciclos inmobiliarios han hecho que el Estado tenga un parque público de viviendas irrisorio. Hoy este parque suma poco más de un 2% del total. Un número claramente insuficiente. Mientras que otros países se han preocupado por mantener un parque público con buena salud —Francia (17%), Holanda y Dinamarca (30%)—, España se preocupó por potenciar la compra. Por otra parte, y más allá de la retórica de la recuperación —de la que se han beneficiado los más ricos—, las familias hacen un esfuerzo descomunal para poder alquilar: un 43,3% de los arrendatarios destina más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. Por eso es normal que nos sobre tanto mes al final del sueldo.
¿Y qué se puede hacer? Seguro que la lectora o el lector que haya llegado hasta aquí le viene rondando cierta idea. Esta: ¿Pero cómo es posible que con el número de casas vacías y sin uso —muchas gestionadas por la Sareb— no se haya movilizado para ponerlas en alquiler social?¿Y qué pasa con los bancos rescatados con fondos públicos, como Bankia, que han desahuciado sin cesar? ¿Por qué no se genera parque público con toda la vivienda de estos grandes tenedores? A buen seguro los precios se moderarían y muchos problemas se solucionarían de un plumazo. El que aquí escribe es de la opinión de que así debería hacerse. Y de que si se aprobase la Ley Estatal de Vivienda propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca las cosas cambiarían en este sentido. Pero la voluntad política del Congreso parece bastante limitada. El bloque inmobiliario tiene unos tentáculos bastante férreos —y pringosos—.
Fíjense en lo que ha pasado con el Real Decreto del PSOE sobre vivienda: al final nada de regulación de precios de los alquileres. Han bastado unas presiones de los grandes fondos, que son quienes mandan en este sarao, para que todo quede en agua de borrajas. Al final se legisla contra las mayorías sociales sin ningún tipo de pudor.
¿Y cómo frenar desde los ayuntamientos esta nueva oleada especulativa? ¿Cómo movilizar la vivienda vacía de las ciudades? ¿Cómo promover el derecho a la vivienda? Aunque el grueso de las competencias pertenezca a las Comunidades Autónomas, y en la Comunidad de Madrid gobierna el PP, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, un censo de viviendas vacías, intentar por todos los medios ponerlas en alquiler —entrando en conflicto con grandes tenedores y otras instancias si es preciso—, disciplinar los alquileres turísticos —algo que se hace mejor en Barcelona que en Madrid— y no fomentar, bajo ningún concepto, procesos de turistificación, megaproyectos delirantes y otras fulgurantes operaciones de explotación de activos urbanos.
Por supuesto, no penalizar ni estigmatizar la recuperación de pisos —de hecho, habría que reconocerlos ¿no recoge la Constitución la función social de la propiedad?—. Y, sobre todo, no desahuciar ni cortar los suministros a quienes no pueden pagarlos. Trabajar para proteger a quienes menos tienen, vamos. Que parece que se nos olvida que la crisis se montó sobre una gigantesca estafa inmobiliaria. Y su resaca dura ya una década.
Pues bien, Madrid, con su bonito ayuntamiento del cambio, es el ejemplo de todo lo que no hay que hacer en términos de políticas de vivienda. No sólo la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ha desahuciado, sino que el ayuntamiento ha estigmatizado la ocupación, se ha desentendido de los problemas de vivienda de la ciudad —el término dejación de funciones viene al pelo— y sólo manifestado gestos exiguos y exangües —mimimi— a la hora de presionar a la banca y los fondos. Madrid tiene alrededor de 150.000 viviendas vacías, un 10%, algo se podría haber hecho para intentar movilizarla en estos años, digo yo. Pero no. También han menospreciado a la PAH. Incluso iban a aprobar un reglamento de la EMVS que dejaba fuera del mismo a las vecinas sin papeles y a quienes se hubiesen visto en la necesidad de ocupar vivienda municipal por necesidad. Menos mal que la presión del movimiento de vivienda les hizo desistir. Algún paso han dado en la regulación de pisos turísticos, pero poco más. Porque mejor no hablar de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la señora Higueras —su nueva oficina municipal parece más de lo mismo—. Pero ahí no acaban las cosas ¡Ay Carmena!
Y no acaban porque también está —redoble de tambores y subidón— la Operación Chamartín. Podría citar más como guinda del pastel —Canalejas, Plaza de España, Taller de Precisión de Artillera y ahora los Berrocales—, pero el pastel es más importante, qué duda cabe. En dicha operación —ahora sabemos que es más bien un contubernio— Adif le regala a mitad de precio unos terrenos al BBVA en consorcio con el Grupo San José. Poca cosa: 1,2 millones de metros de suelo público a mitad del precio de mercado. Todo ello con el beneplácito del Ayuntamiento. Y nos querían convencer de que la operación no era nada especulativa. Pero es que encima es terrible si la miramos desde la óptica urbanística y en relación con la vivienda: veintitantas torres —imaginen Blade Runner sobre el barrio de San Cristóbal—, un Mini Manhattan y una desconsideración total con el problema de la vivienda asequible en la zona. Encima quieren hacernos tragar que el negocio es un chollazo habitacional. Lean este informe y convénzanse de lo contrario.
Como ven, Madrid es un campo de batalla urbanístico lleno de conflictos. Además tienen lugar una región terriblemente desigual y segregada. Burradas como la Operación Chamartín ampliarán todas las brechas urbanas y sociales. Al final parece que vivimos en el día de la marmota del urbanismo del Partido Popular —Ahora Madrid ha insistido en su modelo, incluso lo ha perfeccionado—. Mi recomendación: afíliense a los Sindicatos de Inquilinas de sus distritos, empiecen a ir a las asambleas de la PAH de sus barrios. Se acercan tiempos duros. Y el derecho a una vivienda digna sólo lo conquistaremos entre todos y todas. Tal vez suene descabellado, pero quizá montar una guerrilla urbana con sus vecinas no sea tan mal proyecto de futuro. En Argumosa 11 ya lo están haciendo. Y a este paso esa será la única forma de conseguir alquileres asequibles y techo. Lo que está claro es que ningún político progre nos sacará las castañas del fuego.
