Argituz, Asociación pro derechos humanos
AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría/ Profesionales de Salud Mental
Ekimen Elkartea, Asociación para el Estudio de Problemáticas Sociales
GAC, Grupo de Acción Comunitaria, Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos
Jaiki-Hadi, Prebentzio eta Asistentziarako Elkartea
OME, Osasun Mentalaren Elkartea, Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria
Osalde, Asociación por el Derecho a la Salud.
Dpto. de Psicología Social, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
El trabajo, realizado voluntariamente por 8 organizaciones y 30 peritos de la salud procedentes de todo el Estado español, estudió 45 casos de denuncias de torturas en el País Vasco desde 1982 hasta 2012. La muestra abarca un amplio espectro de la sociedad, desde miembros de ETA, activistas de diferente tipo, o personas que no realizan actividades políticas. De los casos estudiados el 50% son de detenciones de la Guardia Civil, el 30% de la policía nacional y el 15% de la Ertzaintza, y todos ellos mostraron fiabilidad suficiente de ser ciertos (el 50% fiabilidad muy alta, el 25% fiabilidad alta y el 25% restante fiabilidad suficiente).
El objetivo de este estudio no es arrojar datos sobre lo extendida que puede estar la tortura en España, sino la utilización de herramientas científicas para la detección de casos de tortura. De hecho, el trabajo ha demostrado científicamente que en el Estado Español se tortura. Es por tanto, según palabras de la Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT), ?una importante contribución a la lucha contra la negación de la tortura y su impunidad.
La presentación del estudio estuvo apoyada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), Right International Spain (RIS) y el Subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas (SPT), coincidiendo todas ellas en recordar al Gobierno de España que es firmante de las Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos, que éstas condenan y prohíben la tortura, y que por tanto España tiene la obligación de investigar y de intentar acabar con ellas, así como de poner todos los medios para la reparación de las víctimas.
Los indultos a policías condenados, la falta de investigaciones internas y externas, incluso cuando existen indicios o pruebas médicas, la carencia de mecanismos de prevención o identificación de torturas, y la reiterada negación de la existencia de torturas por parte de los sucesivos Gobiernos de España son mensajes de impunidad hacia los torturadores.
Es importante destacar que en el Estado Español no se ha investigado ningún caso de tortura procedente del País Vasco desde el año 1992, momento en el que se transfirió de los Juzgados Provinciales a la Audiencia Nacional la competencia de investigar las denuncias de torturas vinculadas al conflicto vasco-español. Con frecuencia los denunciantes incluso se tienen que enfrentar a denuncias de la policía por falso testimonio.
A la hora de proponer medidas para evitar la tortura es evidente que el régimen de incomunicación es un factor de alto riesgo. En el Estado Español el régimen de incomunicación, en el que no puedes ver siquiera a tu abogado, puede durar hasta 5 días en comisaría y ampliarse otros 5 más en prisión, en los casos de terrorismo el plazo aumenta pudiendo estar incomunicado hasta 13 días en comisaría.
La negación y ocultación de estos casos por parte de los sucesivos Gobiernos de España llega al punto de que ni siquiera existen cifras oficiales del número de personas que han estado en detención incomunicada en el País Vasco. Un informe del Gobierno Vasco da las cifras de ?40.000 detenidos de los que según el Ministerio del Interior menos de 10.000 fueron imputados por su relación con ETA?.
Otra de las asignaturas pendientes es la reparación de las víctimas, que suelen presentar estrés postraumático, y una variedad de síntomas; ansiedad, pesadillas, hiperactividad, problemas de concentración o para dormir, cambios de personalidad, quiebra de la identidad, depresión?, que en algunos casos pueden llegar a hacerse crónicos.
Uno de los problemas con los que se encuentran las víctimas es la soledad y la desconexión que sienten de una sociedad que niega las torturas a las que han sido sometidos. De hecho, los asistentes a las Jornadas pudimos presenciar el testimonio, a veces desgarrador, a veces sereno, de víctimas que nos trasmitieron la importancia que tiene para ellos que se reconozcan las torturas a las que fueron sometidos.
