Seis millones de viviendas se construyeron en España entre 1990 y 2008 y el precio del metro cuadrado se multiplico por tres. Ya sabemos qué efectos tuvo sobre la propiedad y el crédito. Sabemos cómo funciono el entrampe y sus consecuencias humanas y económicas. Está ampliamente estudiado. En este espacio se reseñó en su día La ola que arrasó España.
Pero ahora, esta propuesta de la editorial Traficantes de sueños va más allá. Analiza el estado en el que han quedado las regiones del país aportando interesantes datos históricos que analizan el problema desde una perspectiva mucho más amplia.
En el caso de Valencia, el encargado de redactar el capítulo es Fernando Gaja i Díaz, profesor titular de Urbanística en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, con varias obras sobre este problema publicadas, que él llama "tsunami inmobiliario", aunque advierte que no debe entenderse tsunami como un fenómeno natural, pues todo lo que ha acontecido ha sido preparado concienzudamente durante todo el siglo pasado hasta degenerar en un modelo "hipertrofiado" que acabó agotándose. Una "muerte por exceso de éxito", que no podemos decir que no fuera previsible, subraya.
Según explica el profesor, las primeras políticas de crecimiento económico basadas en la construcción llegaron a España para "salir del marasmo tras la guerra civil". Se pretendía forzar el desarrollo económico a cualquier precio. Las bases se sentaron en una primera etapa, la de la autarquía, de 1939 a 1957. A partir de este momento, en el desarrollismo, se consolidó. Fue fortalecido tras la primera crisis del petróleo, entre 1973 y 1996, y tuvo su apogeo "y traca final" en su culminación entre 1996 y 2007.
El problema que se dio aquí en la posguerra fue el mismo, dice, que en otras sociedades poco desarrolladas. El crecimiento era una prioridad absoluta, la sociedad estaba descapitalizada, atrasada tecnológicamente, pero existía una gran demanda de viviendas, puesto que las condiciones de alojamiento eran muy deficientes en toda España, y fenómenos como el subarriendo estaban muy extendidos. Por no mencionar el chabolismo, que en Madrid por ejemplo llegó a ser masivo.
Obviamente, en estas condiciones, la mayor parte de la población no podía acceder a la vivienda. Existía una demanda insolvente, explica. Además, los materiales de construcción eran escasos y en muchos casos, en los primeros años, llegaron a estar racionados.
Fue la Administración Pública la que se encargo de las promociones de vivienda para atajar todo el problema. Por eso, dice el profesor, no conviene hablar de milagro español, puesto que fueron políticas muy claramente enfocadas y que, a la vez, llevaron a las autoridades a poner el suelo en el mercado y "empezar a hacer la vista gorda" cuando los promotores incumplían las normativas o la calidad de lo que construían no era aceptable.
Ninguna de éstas fueron políticas sociales. La vivienda social en alquiler fue muy reducida, y terminó privatizada en los años de la Transición, apunta. Lo que se ejecutó en España fue un plan, sostiene Gaja, basado en los lemas "España, un país de propietarios, no de proletarios" y "Un propietario más, un comunista menos". Con la evolución del modelo y tras el Decreto Boyer, en 2009 llegó a haber uno de los mayores porcentajes de viviendas en propiedad de nuestro entorno, un 83.2%.
La UE-27, continúa, tenía sólo un 73%. Y el dato estaba distorsionado por las cifras que presentaban países ex comunistas, como Rumanía, con un 96.5%, Lituania, 91% o Hungría y Eslovaquia, con 89%. Países donde en el tránsito al capitalismo se había privatizado toda la vivienda que antes era pública- al profesor se le ve el plumero cuando se pregunta si este cambio fue "¿una privatización o una privación?"- y que en casos como el de Rumanía había dejado a un 28% de propietarios de viviendas con "graves deficiencias de habitabilidad".
A causa del centralismo, hasta 1979 Valencia no presentó grandes singularidades con respecto al resto del territorio. Más adelante, en cuanto al modelo turístico, sí que se empezó a desarrollar un "turismo de apartamento" frente al "turismo de hotel" que presentaba Baleares. Con la entrada en el euro, como siempre se supo, la tradicional "opacidad" del sector inmobiliario, que siempre "ha sido destinatario de capitales necesitados de afloramiento", hizo el resto por la inversión desaforada.
El Eurostat contabilizó 560 viviendas en España por cada 1000 habitantes, frente a los 447 de Francia o los 379 de Reino Unido. El problema, no obstante, para el autor es que este sistema ha dado demasiados dividendos a sus beneficiarios como para que se pueda acabar con él. Toda vez, en Valencia, las leyes habían entregado el urbanismo a los promotores y arrebatado a los propietarios.
Además, con el deterioro de espacios frágiles y valiosos, como los humedales, los cordones dunares, deltas fluviales, con la degradación del paisaje, la contaminación de los acuíferos, la escasez de recursos hídricos, erosión y la regresión del litoral, el profesor denuncia que lo que pretenden de nuevo las autoridades no es corregir, paliar o empezar a minimizar los daños, sEl Perelló en 1964.ino El Perelló en 2014. FOTO: ENRIQUE ÍÑIGUEZ.que buscan "doblar la apuesta" en una estrategia delirante y falta de ideas, como ha hecho público en ocasiones. Por ejemplo, el Plan de Acción Territorial del Litoral preveía convertir polígonos industriales en áreas terciarias residenciales o más campos de golf para "desestacionalizar el turismo".
La que fue la llamada Florida de Europa, según este análisis, está en caída libre. "Sobra ciudad y sobra urbanización" y "no sabemos qué hacer con esas enormes extensiones sin vida urbana, pero que demandan y consumen recursos". Al final, en la conclusión el autor se reconoce impotente para dar propuestas ecológicas para la "reutilización de esa enorme vastedad de espacio urbanizado". Sólo cita, sugiere, analizar las Ciudades menguantes de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania.
En estos núcleos urbanos, por ejemplo, en las de la República Democrática Alemana, algunos bloques de arquitectura racional propios de los 60 y 70, especialmente en los países socialistas, se están desmontando para reducirlos de 10 a 4 alturas con el fin de "concentrar a la población".
Entre tanto, considera indispensable una moratoria que impida el agravamiento del problema, un inventario de áreas afectadas y un nuevo modelo de gestión que comparta las cargas y beneficios, además de la recuperación del liderazgo por parte de la Administración con sistemas de control democrático y de transparencia. Medidas todas ellas, concluye finalmente, que no ve muy factibles habida cuenta del "estrecho y caduco marco del actual modelo urbanístico, social y económico". Por lo que cualquier política que no pase por superar todo el modelo anterior, no servirá para nada. Expectantes estamos.
